Desde la práctica diaria estructurando contratos y viendo de cerca el desarrollo de proyectos de infraestructura en Colombia —desde granjas solares hasta el respaldo termoeléctrico— hay algo que resulta evidente: la transición y la seguridad energética ya no aguantan más discursos. Necesitan gerencia, resoluciones firmes y seguridad jurídica. El nuevo presidente no solo hereda el país político, hereda la enorme responsabilidad de evitar un apagón. Si queremos mantener a flote la industria nacional y la estabilidad social, hay seis frentes que deben dejar de ser un debate y pasar a la ejecución: 1. El déficit de gas natural ya no es una amenaza, es el presente. El tiempo se agotó: Las cifras de Naturgas proyectan un déficit que podría rondar el 16% para 2026 y, de hecho, ya empezamos a perder nuestra autosuficiencia histórica para la demanda esencial. El nuevo Gobierno tiene que flexibilizar la exploración y explotación de nuevos yacimientos junto con la aceleración de la puesta en marcha de los pozos off shore que ya cuentan con estudios de reservas probadas, viabilizar las importaciones a largo plazo y resolver la infraestructura de regasificación, brindando incentivos a los promotores de estos proyectos. Además, es importante establecer un marco jurídico que proteja a los promotores e inversores toda vez que, sin seguridad jurídica en la exploración local, terminaremos dependiendo de un gas extranjero a precios muy elevados que consecuencialmente afectarán la economía y por ende, el bolsillo de todos los colombianos. 2. El fantasma de El Niño y nuestra "hidro-dependencia": Nos enorgullece tener una matriz limpia que actualmente está compuesta en casi el 70% por generación de las hidroeléctricas, pero esa es justamente nuestra mayor vulnerabilidad. Cuando no llueve, el sistema entra en cuidados intensivos. La diversificación no es solo un capricho ambiental, es seguridad nacional. Necesitamos destrabar las renovables, sí, pero también darle todo el respaldo regulatorio al parque térmico, que al final del día es el seguro de vida de la industria y la cotidianidad del país. 3. Subastas de Cargo por Confiabilidad que lean la realidad: El Cargo por Confiabilidad nos ha salvado de apagones históricos, pero necesita una actualización urgente. Un inversionista no va a invertir millones de dólares si las reglas cambian a mitad de camino. Las subastas deben leer la macroeconomía actual: ofrecer certidumbre regulatoria, mitigación de riesgos cambiarios e indexaciones lógicas que de verdad motiven a los desarrolladores a jugársela por Colombia. 4. Transmisión – el verdadero cuello de botella: De nada sirve adjudicar gigavatios de energía eólica o solar en La Guajira, el Cesar o el Atlántico si no hay por dónde transportarla. El Sistema de Transmisión Nacional (STN) está al límite. Los retrasos en las líneas de alta tensión tienen frenadas inversiones gigantescas. Expandir la red es hoy la urgencia técnica número uno. 5. Almacenamiento a gran escala (BESS): Hablar de transición energética sin sistemas de almacenamiento a gran escala en baterías es una ilusión. Son la clave para darle firmeza a la intermitencia del sol y el viento, y para destrabar la congestión de las redes. Sin embargo, desde lo jurídico estamos crudos: hoy contamos apenas con un par de resoluciones aisladas que no alcanzan a conformar un marco regulatorio robusto. Sin reglas claras sobre cómo se van a remunerar estos activos en el mercado, es imposible cerrar financieramente los proyectos. Urge una regulación integral para su ejecución. 6. Flexibilización de licencias ambientales y Consulta Previa: Si bien es un imperativo proteger la inmensa diversidad natural y cultural de Colombia, no es menos cierto que la excesiva burocracia y tramitología no incentivan a los promotores nacionales ni internacionales. Gran parte de los proyectos de generación renovable y líneas de transmisión hoy se encuentran retrasados por cuellos de botella en licenciamiento ambiental y conflictos sociales. El desarrollo de infraestructura no puede seguir atrapado en laberintos de años. El nuevo Gobierno debe lograr un equilibrio urgente: una modernización institucional que destrabe y agilice los procesos de licenciamiento (ANLA/CARs) y consulta previa, garantizando rigor socioambiental, pero con tiempos predecibles que viabilicen la inversión. 7. Neutralidad tecnológica e incentivos tributarios transversales: La urgencia energética exige pragmatismo. El Gobierno entrante debería evaluar la implementación de incentivos tributarios para todos los constructores y promotores de proyectos energéticos, sin importar si son de fuentes renovables o convencionales. Garantizar la resiliencia del sistema requiere infraestructura de todo tipo (térmica, hidráulica, fotovoltaica, eólica o almacenamiento en baterías). El beneficio fiscal debe medirse por el aporte a la confiabilidad y estabilidad del país, no de forma excluyente por la tecnología. La estabilidad económica de Colombia depende directamente de su estabilidad energética. El nuevo Gobierno tiene en sus manos la oportunidad de emitir señales de mercado potentes y devolverle la confianza al capital privado, pero el reloj está corriendo cada vez más rápido.